Protección a menores y atentado al libre acceso a Internet

Este Miercoles se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que sanciona el acoso sexual infantil a través de internet, iniciativa del diputado Patricio Walker. El proyecto, que recibió 89 votos a favor, sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil.

Si bien es cierto cualquier iniciativa cuya finalidad sea combatir esta lacra es bienvenida, esta Ley encierra parrafos que atentan gravemente contra el libre acceso a Internet y la Información, asimismo contra la libertad y el derecho a emprender ya que se dispone que los establecimientos cuya actividad principal sea el servicio de acceso a Internet (cyber café), gratuito o pagado, a través de computadores propios o administrados por ellos, deberán mantener un registro reservado de los usuarios, no inferior a un año, con su nombre, cédula de identidad, licencia de conducir o pase escolar, fecha y hora del servicio e individualización del equipo que se utilizó, lo cual no solo es impracticable sino que además absurdo de exigir considerando por ejemplo los avances en conectividad que permiten a cualquiera ingresar a Internet en forma inalámbrica y anónima.

Me pregunto que diran los turistas cuando tengamos que exigirles sus identificaciones para que puedan revisar sus correos...pensaran que el avión los trajo a China o Corea del Norte en vez de a Chile.

Quiero compartir con Uds. una carta enviada al Senado en referencia a la tramitación de un proyecto de Ley que pretende combatir el acoso a menores, pero que encierra un grave atentado a la libertad de información y el acceso a Internet.

El contenido de la carta es el siguiente:

Honorables Senadores: Me dirijo a Uds. para exponer mi inquietud con respecto a la tramitación de la nueva Ley que sanciona el acoso sexual infantil y el libre acceso a Internet.

Es un hecho que Internet no sólo ofrece una potente herramienta de trabajo, sino que también encierra peligros y amenazas, sobre todo para nuestros hijos, que debemos combatir con todas nuestras fuerzas; sin embargo, esto no significa que debamos convertirnos en verdaderos “talibanes” controladores del libre acceso a la red y censores de la libertad que tiene Internet, propios de regímenes antidemocráticos como los de China y Corea del Norte, cuyos ciudadanos no pueden siquiera tener la mínima privacidad para revisar sus correos.

El Sr. Diputado Patricio Walker ha insistido en plantear, equivocadamente a mi parecer, la necesidad de controlar el acceso de las personas a Internet en lugares públicos y comercios dedicados al rubro, pidiendo que los encargados de estos lugares mantengan un registro de quienes se conectan, a qué hora lo hacen y qué computador ocupan.

Esto en la práctica es imposible de realizar sin afectar el derecho del cliente a ocupar un servicio en forma libre y transparente y además impracticable desde el punto de vista administrativo; sobre todo, se trata de una medida sin sentido por las siguientes razones:

1. Un cibercafé ofrece hoy en día, aparte del acceso a internet, otros servicios, entre ellos telefonía, insumos, fotocopias, etc, lo que obligaría a sus dueños a contratar a personal adicional que se dedique en forma exclusiva a realizar la tarea de registrar a los clientes, gasto adicional que por cierto perjudica económicamente sobre todo a los pequeños comerciantes.

2. En ciudades turísticas una gran cantidad de clientes son extranjeros, lo cual obligaría además a contratar personal bilingüe que pueda explicarle a las visitas que en nuestro país el acceso a Internet no es libre y que deben registrar sus nombres para poder conectarse.
Esto, a mi modo de ver, es prácticamente imposible, por cuanto los extranjeros provenientes de países desarrollados valoran nuestra democracia y libertad de expresión.
Una norma como la planteada no solamente les causaría extrañeza, sino que además provocaría un grave perjuicio en la imagen internacional que proyecta nuestro país . Insisto en que caeríamos en la misma categoría de países como Corea del Norte y otras dictaduras que impiden a sus habitantes y a los extranjeros el libre acceso a la información.

3. El hecho de exigir la identificación a un ciudadano de la República o a un extranjero, en lo que parece ser un verdadero control de identidad, constituye una atribución exclusiva de los organismos policiales, por lo que un cliente puede perfectamente negarse a este trámite y estaría en su derecho a exigir la atención comercial, pudiendo incluso argumentar discriminación ante las autoridades competentes.

4. No tiene sentido exigir un registro a quienes se conectan a Internet en centros públicos o comerciales, considerando los avances en la conectividad que hoy en día permiten a cualquiera conectarse a la red en los miles de “access point” inalámbricos disponibles en todo el país, los cuales dan libre acceso a la Internet en el total anonimato, para lo cual sólo basta tener una tarjeta Wifi y un computador.

Una Ley como ésta es, asimismo, altamente discriminatoria en contra de los comerciantes del rubro, ya que exige condiciones que en otras áreas no se piden, sólo comparable a actividades que ofrecen productos letales como armas o químicos nocivos para la salud.
Es tan ridículo como pretender exigir al bombero de una estación de servicios que recoja el nombre y la dirección de todos sus clientes porque con la bencina se pueden fabricar bombas molotov, o pedir por ejemplo al ferretero que mantenga un registro de quienes compraron una sierra que podría ser usada para descuartizar una persona, o tan absurdo como exigir al fabricante de maquinas fotográficas que guarde un registro de sus compradores junto con el modelo y el tipo de fotografía porque sus clientes eventualmente podrían ser pervertidos que den un mal uso a lo que venden.

Me pregunto: ¿No será esto tratar de traspasar la responsabilidad a terceros, no será mas fácil implementar una legislación que castigue severamente al pederasta, con penas ejemplararizadoras, no será mejor acaso dotar a nuestras policías de más herramientas y recursos para cumplir sus objetivos?

El control de la delincuencia y el combate al crimen en cualquiera de sus formas es tarea del Estado, y no de sus ciudadanos: no se entiende que cada vez que los controles y las políticas de prevención fallan se recurra a la gente, extendiéndoles una responsabilidad que no les cabe.

Si yo fuera un pervertido me bastaría con saber que las penas a las que me expongo son tan altas, que controlaría mis impulsos y mantendría el comportamiento.

Lamentablemente, me asiste la convicción de que aquí se pretende eludir una responsabilidad en el combate al crimen, pretendiendo que sea la comunidad y su gente de trabajo la encargada de prevenirlo.

Quiero asimismo exponer brevemente cuáles serían a mi modo de ver las soluciones más eficientes para combatir esta lacra, las cuales permitirían seguir manteniendo la libertad de acceso a Internet y, en forma simultánea, atacar frontalmente la utilización de la red para el abuso de menores.

1. Establecer definitivamente en nuestro Código Penal las penas más altas y ejemplarizadoras para los responsables del abuso de menores, sus cómplices y todos aquellos que colaboran en el ilícito. Sugiero incluir la posibilidad de castigar a los familiares del delincuente, quienes muchas veces los protegen de la autoridad, amparándose en que la Justicia no castiga a los parientes que prestan auxilio al criminal.

2. Crear un organismo dependiente del Ministerio del Interior que, en coordinación con las policías y el Ministerio Público, mantenga actualizada una base de datos de todos los sitios nacionales e internacionales, chats, foros, servidores FTP, listas de correo, etc. que contengan o den acceso a material pornográfico infantil. Este organismo sería el encargado proveer un formato de “black list“ (lista negra) de sitios prohibidos que los ISP se encargarían de agregar a sus “firewalls” y servidores DNS con la finalidad de bloquear el acceso en forma centralizada a estos sitios; asimismo se encargaría de detectar y denunciar a quienes intenten acceder a estos sitios o a quienes implementen un espacio en la red para sus actividades criminales.

Complementando lo anterior, si se podría pedir a los administradores de centros de Internet y cibercafés que mantengan en sus routers y cortafuegos esta “black list”, como una forma adicional de impedir el acceso a estos sitios.

3. Impartir en los colegios una clase o ramo de seguridad personal que entre otras cosas incluya entregar a los niños y adolescentes las herramientas y el conocimiento para navegar con seguridad por Internet, permitiéndoles identificar las amenazas y aprender a zafarse de situaciones peligrosas. Esto es tremendamente importante por cuanto es sabido que la mayoría de los ilícitos cometidos por pederastas y extorsionadores en la red provienen principalmente de la ignorancia y la inocencia que los niños y jóvenes demuestran al usar Internet, sumado a la falta de supervisión y al escaso interés de los padres en las actividades de sus hijos.

Medidas tan simples como las anteriores son mucho más efectivas y menos engorrosas que las que se plantean en la Ley que se pretende aprobar.

Los comerciantes -grandes, medianos y pequeños-, ya somos trabajadores NO REMUNERADOS del Estado. En efecto, somos, a título gratuito, recaudadores de impuestos y tributos que sagradamente debemos ingresar a las arcas fiscales, en parte para cubrir los salarios de quienes precisamente deben legislar para el bien del país.

Con esta Ley pasaremos a ser, además, una especie de “organismo de control e inteligencia” del Estado para el que trabajaremos nuevamente sin recibir remuneración a cambio y por el que además tendremos que incurrir en gastos adicionales, sin considerar los malos ratos, las multas en caso de olvidar un registro, y el impacto económico que significaría una menor cantidad de clientes que en preferirán comprarse un notebook y buscar una conexión inalámbrica y gratuita como las miles que existen a lo largo del país.

Nuevamente la gente de trabajo y la comunidad debe cargar con la responsabilidad de otros. Simplemente inaceptable.